Maureen Kearney, sindicalista de la CFDT y secretaria del comité de grupo europeo de Areva, una destacada empresa francesa y multinacional en la industria nuclear, es muy comprometida y apreciada por los empleados. Mantuvo buenas relaciones laborales con la líder de la empresa hasta que esta fue reemplazada. Ambas sufrieron reproches de incompetencia en sus respectivos niveles, siendo degradadas por su condición de mujeres ignorantes, usurpadoras de sus roles en un mundo controlado por hombres.

En 2012, un informante que trabajaba en EDF compartió con la sindicalista un acuerdo secreto (entre EDF, Areva y el operador nuclear chino CGNPC) que permitiría transferencias de tecnología nuclear y que amenazaba el futuro de Areva, sus subcontratistas y toda la industria nuclear francesa. Temiendo graves consecuencias sociales, denunció este proyecto y se convirtió en una denunciante. Se enfrentó al nuevo CEO de Areva, Luc Oursel, quien participó en estas negociaciones secretas con intermediarios comerciales. Con todo el sindicato de Areva, lideró la oposición a este acuerdo, alertó a políticos y medios de comunicación, y logró captar la atención del Ministro de Economía, Arnaud Montebourg. Ante la falta de acciones concretas en respuesta, como último recurso, se fijó una reunión con el presidente François Hollande para el 17 de diciembre de 2012. El día previsto para esta reunión, fue víctima de una violación con un mango de cuchillo y un acto de barbarie en su casa: una "A" grabada en su vientre. Atada a una silla, amordazada, con una gorra en la cabeza, fue amenazada con un "Este es el segundo aviso, no habrá un tercero".

Según los investigadores, las muestras de ADN tomadas en la escena del crimen coinciden con las de la familia y la empleada doméstica; no hay rastro de llamadas telefónicas que demuestren las amenazas recibidas. Fue detenida bajo el pretexto de denunciar un delito ficticio, amenazada y debilitada por el investigador que afirmaba que su esposo había testificado en su contra, la sindicalista confesó bajo presión "haber inventado su agresión", luego se retractó rápidamente. No obtuvo una entrevista con la jueza de instrucción y fue condenada en primera instancia.

Apoyada por el sindicato CFDT, cambió de abogado y apeló. Sus defensores encontraron registros de llamadas telefónicas y obtuvieron la prueba de que las muestras de ADN tomadas en la escena del crimen no estaban disponibles. También demostraron que sus huellas dactilares, todas provenientes de la mano izquierda, no provenían de las ataduras, a diferencia de lo afirmado erróneamente por los investigadores. Ella estaba físicamente incapacitada para atarse a sí misma, debido a una lesión en el ligamento del hombro derecho, que había estado tratando recientemente, siendo diestra.

En 2018, la corte de apelaciones la absolvió y reconoció así el error judicial del juicio anterior, así como las múltiples deficiencias de los investigadores.

En su proceso de reconstrucción, conoció a una mujer víctima de una agresión, con similitudes, que ocurrió como resultado de la denuncia de su esposo sobre la empresa donde trabajaba.