Todo el caso contra los McMartin llega a un punto en el que se hace evidente que la Fiscalía, dirigida por Ira Reiner (Richard Bradford) y Lael Rubin (Mercedes Ruehl), simplemente se niega a reconocer que han manejado mal los procedimientos todo el tiempo, examinando sólo algunas pruebas a un nivel estrictamente superficial mientras ignoran u ocultan deliberadamente otras piezas, y no evaluando la credibilidad de los relatos de los niños tal y como los coaccionó visiblemente Kee McFarlane (Lolita Davidovich), no queriendo así parecer incompetentes ante la opinión pública. Al mismo tiempo, todo el asunto se ha convertido en un circo mediático fuera de control, en parte porque McFarlane era, en ese momento, el amante del renombrado presentador de noticias Wayne Satz (Mark Blum), lo que le daba ventaja para conseguir audiencias escandalosas con las historias que rodeaban el juicio en curso.

Haciendo todo lo posible para conseguirlo, Danny Davis (James Woods), el abogado defensor de los McMartin -que en un principio se tomó el caso como una oportunidad para atraer una gran publicidad hacia él, pero que tuvo una gran epifanía en el transcurso del mismo y llegó a preocuparse de verdad por sus clientes-, consigue desacreditar la supuesta pericia de McFarlane, que, en realidad, se revela que ni siquiera era psiquiatra; muchos de los testimonios contradictorios de los muy impresionables niños que subieron al estrado; un tal George Freeman (Dennis Burkley), que había sido presentado como testigo clave de la Fiscalía, pero que resultaba tener una acusación de asesinato pendiente contra él mismo; y la obsesión de la fiscalía por mostrar a Ray Buckey (Henry Thomas) -que finalmente sube al estrado, tras unos asombrosos cinco años de prisión sin fianza ni posibilidad de testificar- ante el tribunal como un pedófilo malintencionado y drogadicto, incapaz por otra parte de mantener relaciones sexuales con un adulto, hasta el punto de llevar al estrado a una antigua amante suya, Diana Sullivan (Valerie Wildman), sólo para que ésta afirmara que sí solían ser compañeros sexuales.

En enero de 1990, tras siete años y unos 15 millones de dólares en gastos judiciales (tanto de los contribuyentes como de los propios McMartin), el caso terminó sin condenas, con un jurado en desacuerdo en 13 de los cargos originales y con la absolución de toda la familia. Además, a pesar de las instigaciones de algunas personas y miembros de los medios de comunicación demasiado entusiastas, el intento de un nuevo juicio se desmorona. Peggy (Shirley Knight) declara agridulcemente que ella y su familia lo han perdido todo a causa del calvario del caso.

Hacia el final de la película, se ve a los McMartin, junto con Davis, paseando por el muelle de Venice Beach, comentando las secuelas. Se ve a una pareja abordándoles, lo que demuestra que la gente seguía demasiado atraída por los chismes mediáticos que rodeaban el caso. Peggy se pregunta por qué Dios no impidió que ocurriera toda esa carnicería, a lo que Virginia responde: "No culpes a Dios. Todo esto fue obra de la gente. No tuvieron tiempo de pararse a escuchar a Dios PORQUE ESTABAN MUY OCUPADOS VIENDO LA TELEVISIÓN".

Los títulos informan de que (hasta el estreno de la película, en 1995) los McMartin seguían viviendo en el sur de California; Peggy sufrió una crisis nerviosa y se volvió agorafóbica; Peggy Ann (Alison Elliott), la hermana de Ray, presentó una demanda para recuperar con éxito sus credenciales de profesora y tuvo su propia familia; Lael Rubin fue derrotada en su intento de convertirse en juez del Tribunal Superior; Wayne Satz murió de un ataque al corazón en 1992; Kee McFarlane seguía trabajando para el Children's Institute International; Davis seguía ejerciendo la abogacía en Los Ángeles; y Ray Buckey tenía la intención de convertirse en abogado.

Hay que señalar que todo el caso comenzó bajo lo que ahora se ha acordado como divagaciones apenas fundamentadas de una mujer alcohólica y enferma mental cuyo hijo pequeño estaba siendo abusado sexualmente por el propio padre del niño; sin embargo, debido a la extremadamente mala gestión del proceso desde el principio (tanto por parte de las autoridades como de la fiscalía), condujo al fiasco que todos llegamos a conocer.